2018 empezó con varias noticias que convertían en materia real (y legal) algo que era solo vox populi : la obsolescencia programada de la tecnología doméstica.
Por un lado, la República Francesa ha llamado a causa a Epson por unas denuncias de presunto delito por bloquear sus impresoras para forzar a los usuarios a reemplazar los cartuchos de tinta. Ha sido la organización HOP ("Halte à l’obsolescence programmée") quien ha comenzado el proceso con su acusación al gigante de la impresión. Es la primera vez que las malas prácticas de una gran empresa sobre la vida útil de un producto van camino de los tribunales, por lo que, al menos en un país, ya puede sentarse jurisprudencia sobre ello.
Según la HOP, Epson incurre en prácticas fraudulentas, ya que sus dispositivos se bloquean cuando aún queda tinta en los cartuchos, así como algunas de sus piezas engañan acerca de su caducidad. Las compañías Brother y Canon también están en el punto de mira de la acusación.
Diez días después sabíamos que la Fiscalía de Francia había encausado también a Apple por el mismo delito, esta vez respecto al iPhone. La organización de consumidores Facua se ha sumado a la denuncia contra la compañía de Cupertino, que ha trasladado a la Comisión Europea. El motivo: un supuesto retraso deliberado en el funcionamiento de los teléfonos para incentivar el cambio a un nuevo modelo. Este hecho ha sido reconocido por Apple con la disculpa de que su rendimiento se ralentiza para optimizar el desgaste de la batería.
Mientras en España algunos expertos afirman que es muy complicado regular este tipo de abusos, Francia se está alzando como un país que protege a sus ciudadanos contra la obsolescencia programada, y así lo recogen en una ley de transición energética que castiga con hasta dos años de prisión y multas.
No es, en realidad, una decisión aislada ni extraña. El Parlamento Europeo encargó a mediados del año pasado una comisión para estudiar cómo terminar con la obsolescencia programada de la tecnología doméstica. Bruselas sugirió entonces medidas como obligar a las compañías a facilitar el reemplazo de componentes o identificar a los productos que sean más fáciles de arreglar. Visto con perspectiva, parece que la Unión Europea estaba anticipando las grandes demandas contra Epson y Apple.
En España, a falta de ley, ayuntamientos como el de Barcelona han lanzado campañas como Millor que nou para ayudar a los usuarios a comprar, vender o reparar lo que tienen en casa.
Si no desde el gobierno central, las ONGs españolas también tratan de revertir la tendencia. Amigos de la tierra ha creado una web con una gran base de datos y buscador de comercios con el mismo fin, reparar todo tipo de productos (ropa, muebles, electrónica, juguetes…). Otros de sus servicios incluyen ofertas de alquiler, mercado de segunda mano, préstamo, trueque, etcétera.
Veremos si con los cambios normativos se instaura una nueva actitud frente al consumo por parte de empresarios y consumidores. Por nuestra parte, terminamos este artículo, escrito desde un ordenador que gracias a un buen cuidado, cumple orgulloso sus primeros diez años de vida... y los que le quedan, o los que le haya dejado el fabricante. Hasta el próximo artículo.