Nuestro país ha cambiado mucho estos últimos años, también en cuanto a tecnología. El cambio de ciclo político y social que está sucediendo en la actualidad nos da pie para repasar, antes de las elecciones, el trabajo del gobierno en esta materia.
Extraemos lo que decía el Partido Popular en el programa electoral que les dio la victoria hace cuatro años:
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un sector de gran relevancia en nuestra economía, no sólo por el empleo directo que crean y su aportación al PIB, sino por las posibilidades de desarrollo que generan en el resto de sectores. En los últimos años el avance del sector se ha producido por el interés creciente de los ciudadanos en emplear nuevos instrumentos tecnológicos, por el progreso de los medios digitales y por el impulso de las empresas tecnológicas españolas.
Esta contribución a la competitividad general de la economía y el uso creciente por parte de ciudadanos y empresas ha chocado con múltiples obstáculos y trabas administrativas y burocráticas.
Ha faltado un interés político en impulsar la extensión de las tecnologías y la sociedad de la información. Se ha gastado mucho dinero sin explicar qué resultados se han obtenido, olvidando que las nuevas tecnologías son una herramienta y no un fin en sí mismas.
Ante este análisis, he aquí una de sus propuestas:
Para recuperar la competitividad perdida en los últimos años impulsaremos la introducción de nuevas tecnologías que permitan ganar eficiencia y aumentar la productividad.
El mantenimiento, adaptación y mejora de los niveles de seguridad de las infraestructuras para maximizar todo su potencial y evitar su obsolescencia, requiere dar un nuevo impulso a las nuevas tecnologías y ofrecer una mayor participación a los usuarios.
Esto en cuanto a economía y empleo. Veamos lo escrito en cuanto a bienestar y cultura:
Suprimiremos el canon digital y lo sustituiremos por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual, más justos y equitativos, basados en el uso efectivo. Reforzaremos el marco legal para la protección de la propiedad intelectual e industrial.
Prestaremos especial atención a los cambios que internet está produciendo en el mundo de las industrias culturales, favoreciendo las transiciones que se operan en este nuevo marco de la globalización.
Productividad, competitividad, eficiencia, trabas burocráticas… argumentos clásicos de todo buen partido capitalista y liberal que resumen su ideario a la perfección: menos Estado, competir mejor, producir más.
Ahora, con la legislatura agotada, pasemos a los hechos, con los tres hitos principales de las reformas del gobierno en cuanto a tecnología.
La nueva ley de propiedad intelectual
La reforma de la antigua ley, aprobada con carácter de urgencia, ha penalizado el uso del enlace y el compartir contenidos en internet.
Se creó un derecho de cita irrenunciable sobre textos (por pequeños o poco significativos que fueran) subidos a páginas de actualización periódica. El usuario, medio o blog no puede declinar este derecho, aunque no esté de acuerdo, y al no pertenecer a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) por no ser una publicación impresa de pago, no podrá recaudar ningún beneficio, que irá a parar a entidades privadas de gestión de derechos como CEDRO o la misma AEDE. Lo que todos los internautas crean, lo recaudan unos pocos.
¿Cuál es la idea detrás de esto? Básicamente que según el gobierno, los agregadores de noticias ganaban mucho dinero por enlazar contenidos ajenos, y que debían pagar por la compensación de supuestas pérdidas que sufrían los medios impresos.
Esto es lo que se denominó “tasa Google”, que provocó el cierre de Google Noticias en España, entre otras páginas.
Pero la realidad es que Google no obtenía grandes beneficios por los contenidos de Google Noticias, sino por publicidad en su buscador.
Llamarlo “tasa Google” es una reducción: el cambio afectó a todo internet. Aplicaciones móviles, redes sociales, lectores RSS, proyectos de colaboración, agregadores como Menéame y algunos servicios para acortar URLs entran en el rango de la ley.
Obviando que las páginas web con tráfico sustantivo pertenecientes a los editores de AEDE son minoría y que la audiencia de los medios impresos en España cae en picado, esta ley ampara el monopolio privado de un bien común como es el difundir una información con libertad.
¿La pena? Entre 30.000 y 300.000 euros por enlazar a un contenido inapropiado.
Esto no es todo. El canon también se aplica a la enseñanza universitaria.
Las universidades públicas y privadas también deberán pasar por caja ante CEDRO por usar materiales académicos de campus virtuales. La mayoría de estos se han distribuido con licencia Creative Commons. Se calculó una tasa de unos cinco euros por alumno, que suman unos ocho millones de euros anuales a favor de esta entidad privada. Esto obligará a los centros a incrementar el precio de las matrículas, cargará la economía de las universidades y afectará a investigadores que lo que quieren es justamente que sus artículos se difundan todo lo posible.
La reforma permite, además, cerrar una web sin mediación de un juez. Esto forzará a muchos empresarios a mover sus negocios fuera de España, si es que los llegan a abrir.
Por otro lado, se reforzó la famosa “Ley Sinde”, orientada a castigar las violaciones de derechos de autor en internet. Con la nueva redacción, cualquier usuario de internet que tenga una página y enlace a contenidos no autorizados, aunque no los haya colocado él sino alguien en un comentario, será un infractor de la ley. No importa el alcance de los daños causados.
La ley de seguridad ciudadana
En uno de los artículos del proyecto inicial de esta ley se consideraba falta grave que se difundiera la imagen de un policía en internet, por ejemplo durante una carga en una manifestación. Esto se moderó en la redacción final, en que quedó como falta grave solo si ponía en peligro una operación, a la integridad del agente o unas instalaciones protegidas, siempre con respeto al derecho a la información.
Esta ley ha provocado situaciones como la de una vecina de Alicante que publicó en Facebook la imagen de un coche de la policía local aparcado en una plaza reservada para discapacitados. Los agentes denunciaron a la mujer. La sanción de ochocientos euros se aplicó en menos de cuarenta y ocho horas.
Queda como infracción muy grave el convocar, incluso por internet, una manifestación no comunicada a la delegación del Gobierno o, de ser comunicada, que la delegación la prohibiera. Aquí entran manifestaciones ante el Congreso y demás instituciones estatales. Las multas oscilan entre 30.001 y 600.000 euros.
Cambios en la administración
El gobierno cifró el año pasado en 10.417 millones de euros el ahorro en la administración. Entre otras medidas, se han reducido gastos en comunicaciones postales en favor de las electrónicas, se han centralizado las compras y servicios en los ministerios y se ha desarrollado una plataforma de compras para el Ministerio de Sanidad. También se ha creado una plataforma, Clave, para la identificación electrónica de los ciudadanos.
Ha habido más medidas como los portales Tu Seguridad Social, con un simulador de jubilación para proyectar el futuro laboral o gestionar las asistencias y el Portal Único de Empleo (Empléate), que publica ofertas diarias.
Además, se han avanzado experiencias como la liquidación de cuotas de la Seguridad Social por vía telemática o Emprende en 3, proyecto para ayudar a la creación de empresas.
Por último, se ha empezado a aplicar la Ley de Factura Electrónica como medida contra la morosidad. El gobierno insiste que España supera al resto de la Unión Europea en el uso de internet en su relación con la administración. Eso es innegable, y también que aquí han cumplido sus promesas. Pero a la vez es cierto que los usuarios españoles son hoy menos libres y más pobres en la red que hace cuatro años.
Fuentes: